Si un inversionista que estuvo concentrado en el sur de Europa estos últimos años hubiera llegado a nuestro país y leído el Resumen Informativo del Banco Central de Reserva (BCR, ver) este fin de semana que pasó, probablemente estaría sumamente sorprendido. El sector público no financiero obtuvo un superávit equivalente a 1.7% del PBI, en el año en que empezó el gobierno de Ollanta Humala, a quien probablemente recuerda la prensa asociaba con la "revolución bolivariana", para luego notar que se habría moderado a la brasilera y que finalmente habría confirmado su Gran Moderación. Si le dijeran que el autónomo y competente BCR estima que el sector público también registró un superávit fiscal estructural -cálculo que excluye el efecto fiscal positivo de los precios de los minerales y el ciclo económico- y que la deuda pública neta sería equivalente a sólo 6.4% del PBI este año, estaría aún más sorprendido. Especialmente ahora que valora más que nunca la estabilidad económica y fiscal, consideraría seriamente venir a invertir por estos lares. Si entrara en detalle y viera que los ingresos corrientes del Gobierno General aumentaron 13.9% en términos reales -es decir, por encima de la inflación-, le asombraría al contrastarlo con la caída de ingresos fiscales en Europa (ver gráfico 1). Si luego hablara con un economista informado, moderaría un poco su excelente impresión acerca de la solvencia fiscal del Perú, al enterarse que el aumento de ingresos es en parte debido a un aumento en los precios de los minerales. Peor aún, se enteraría que el buen resultado fiscal también se debe a que el fisco fue incapaz de gastar, ni siquiera muy bien como debería hacerlo, sino muy mal como lo hace. El moderado aumento del 2.0% del gasto no financiero del Gobierno General se explica porque el gasto de capital -la inversión pública- cayó 8.9% en términos reales. Casi igual de mal es que el gasto corriente aumentó 7.0%, liderado por un aumento de 100% del gasto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un pésimo subsidio ideado por un presidente traumado por algunos aspectos de su gestión previa. Como lo hemos comentado antes (ver), el FEPC, que no corrige falla de mercado alguna, es un subsidio pésimamente mal focalizado y, por ello, regresivo en un país en el que casi medio millón de niños son desnutridos crónicos. Pese a que la política fiscal es una de nuestras fortalezas relativas, hay una agenda pendiente que no puede seguir esperando a las calendas griegas. Listamos brevemente algunas de las reformas pendientes. Primero, centrarse en mejorar la calidad del gasto. Para ello, la reforma de Gestión por Resultados (GpR) tiene que tener mucho mayor peso político dentro del gobierno y suscitar más interés entre los líderes de opinión. El líder del equipo de GpR del MEF se alejó del sector público y quien tomó la posta está hoy en el MIDIS. Bien por la política social, pero la GpR no se agota ahí. Aplaudimos (ver) los esfuerzos del MIDIS por evaluar los programas sociales pero ¿Cuándo se evaluarán independientemente y reformularán los programas de inversión pública? Segundo, se le debe dar mucho mayor impulso a la carrera de servicio civil. Ante la práctica incapacidad de despedir a los peores empleados, a las autoridades quizás no les quede más que armar un servicio civil paralelo, con servidores públicos evaluados independientemente, incentivados de manera competitiva, incluyendo becas y bonos, además de protegidos de venganzas en nuestra desgracia de poder judicial. Hay que destinar a los mejores a las partes del sector público que más los requieren, así sea temporalmente y al inicio de sus carreras. Tercero, condicionar cualquier aumento de presupuesto a que las entidades públicas que lo reclamen adopten la reforma de GpR y contraten gerentes, y asesores que están en la carrera de servicio civil. ¡Ya estuvo bueno de tratar al estado como su chacra! Cuarto, reformar la regla de prudencia fiscal, la cual debe ser firme, no cambiar constantemente, y debe ser parte de un proceso transparente en el cual, como ocurre con el Reporte de Inflación, se discuta la política fiscal pública y periódicamente. Se debe lograr que la política fiscal contribuya efectivamente a moderar el ciclo económico, actuando de acelerador de la economía en los periodos de menor crecimiento y de moderador de la actividad económica en los periodos de crecimiento fuerte. Esto no es lo que ha sucedido siempre en los últimos años, tal como se aprecia en el gráfico 2.
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