NOTA DE PRENSA
Amnistía Internacional pide al Congreso adecuar la legislación sobre el uso de la fuerza a las normas internacionales
Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo del Estado peruano de crear un marco normativo para regular el uso de la fuerza por parte de la policía, pero expresa su preocupación por la actual redacción del 'Proyecto de Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la policía nacional del Perú', Proyecto de Ley N°81/2011-CR (www.amnistia.org.pe/medios/00081DCMAY07180612.PDF).
Amnistía Internacional considera indispensable que cualquier regulación del uso de la fuerza por agentes del estado en el Perú cumpla con las normas internacionales en la materia, como son el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (www2.ohchr.org/spanish/law/codigo.htm); y los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm). Específicamente, el principio 9, que indica "sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida", lo cual no se desprende del texto del Proyecto, existiendo más bien una expresión ambigua que puede abrir la puerta a distintas interpretaciones que pudieran resultar en graves violaciones de derechos humanos.
En este sentido, este Proyecto de Ley debería contar con un lenguaje más preciso y basarse explícitamente en los principios de la legalidad, la necesidad y también el de proporcionalidad, que observamos que no aparece en el texto del Proyecto. Así mismo, el Proyecto de Ley también debe contar con la creación de mecanismos de rendición de cuentas y el desarrollo de conceptos claves como la progresividad del uso de la fuerza.
Amnistía Internacional considera que la falta de precisión en una ley sobre el uso de la fuerza obstaculizaría que la policía pudiera cumplir con su papel fundamental de hacer respetar la ley y de proteger a la sociedad de forma efectiva. Por lo tanto, instamos al Congreso Peruano para que asegure que un marco preciso de la legalidad del uso de fuerza por parte de agentes del estado sea establecido de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos.
Lima, 03 de julio de 2012
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